El BBVA, que se presenta como acusación particular en el proceso Mercasantander, ha rebajado a dos años la petición de cárcel formulada contra la exgerente de la empresa pública, Paloma González-Tarrío, tras añadir la atenuante de ludopatía para la acusada. Asimismo, ha pedido que se considere a Mercasantander responsable civil directo a título lucrativo.
Por su parte, el fiscal del proceso ha propuesto una rebaja de la pena de 8 años de prisión que solicitaba para la exgerente antes de iniciarse el juicio, a seis años y tres meses.
Tras la conclusión de la fase de pruebas en este juicio, que se inició el pasado 5 de febrero y concluirá según lo previsto el 27 de este mes, el fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones, si bien ha presentado una alternativa en la que plantea rebajar la pena solicitada un año y nueve meses, al unir la estafa y apropiación indebida en un delito continuado, con elevación de la pena en grado, en «concurso ideal» con uno continuado de falsedad de documento mercantil.
Antes de comenzar el juicio, el fiscal consideró que los hechos cometidos por la acusada era constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida y otro delito continuado de estafa en concurso ideal con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
La Fiscalía –que además pide una multa de trece meses para la acusada a una cuota diaria de 15 euros (5.850 euros) – y el pago de una indemnización de 840.000 euros a Mercasantander y de 346.000 al BBVA– y la entidad bancaria han sido las dos únicas partes que han modificado sus conclusiones, introduciendo alternativas a lo inicialmente solicitado o modificándolas, mientras que la otra acusación, la de Mercasantander, las ha mantenido, al igual que ha hecho la defensa de la acusada y la que representa al marido de la exgerente, Andrés Fernández del Cotero.
Por otra parte, en la sesión de este jueves, novena jornada del juicio, ha declarado como testigo P.R., amigo del marido de la acusada, quien ha explicado, vía vídeoconferencia, que fue él quien le comunicó a Fernández del Cotero el despido de su esposa, después de que ésta se lo ocultara durante aproximadamente una semana.
El testigo, que a la vez es cuñado del secretario del Consejo de Administración de Mercasantander, Pedro Labat, ha confirmado, a preguntas del letrado de Fernández del Cotero, que el marido de González-Tarrío «se enteró por él» del despido de la acusada a través de una llamada telefónica que tuvo lugar el 11 de agosto de 2007.
Ha narrado que, en esta conversación, además de anunciarle el despido, le adelantó los motivos del mismo, explicándole que la acusada había cometido «algún tipo de irregularidad», «al parecer, porque se había apropiado de dinero de la compañía».
Según ha narrado, Fernández del Cotero reaccionó con «total sorpresa» a su anuncio y se llenó de una «angustia muy grande» cuando se enteró de los motivos del despido.
Tras esta llamada, y después de que, supuestamente, Fernández de Cotero llamara a su esposa para confirmar lo que P.R. le había comunicado, el marido de la acusada devolvió la llamada a su amigo media hora más tarde, contándole que su esposa se lo «había confesado todo» y achacando ya en ese momento la apropiación de fondos de Mercasantander que había cometido González-Tarrío a la «adicción» de ésta a jugar en los casinos de internet.
Las dos últimas sesiones del juicio están previstas para el martes 26 de febrero y el miércoles 27, en las que las partes implicadas emitirán sus informes definitivos, tras concluir las declaraciones de los testigos, pruebas periciales y elevarse a definitivas las conclusiones.
