Seis entidades financieras, Liberbank (Caja Cantabria), Banco Santander, BBVA, Kutxabank, Banco Español de Crédito y Barcklays Bank, han aportado 32 casas en Cantabria al Fondo Social de Viviendas (FSV), destinadas al alquiler, según el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales a fecha 5 de marzo. 

De las 32 viviendas, 18 están ubicadas en Santander; ocho en Torrelavega; dos en Santoña; y una en Bárcena de Cicero, Noja, Piélagos y Reocín. Por entidades bancarias, 19 son de Liberbank; cinco del BBVA; cuatro del Banco Santander; dos del Banco Español de Crédito; una de Kutxabank y una de Barclays Bank.

Estas entidades de crédito han firmado el convenio para la  constitución del Fondo Social de Viviendas con los Ministerios de Economía y Competitividad, Sanidad y Servicios Sociales, Fomento, el Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Plataforma del Tercer Sector (Organizaciones no Gubernamentales) y las patronales bancarias.

Las viviendas del Fondo Social están destinadas a familias en situación de especial vulnerabilidad que hayan sido desalojadas de sus viviendas después del 1 de enero de 2008. El alquiler tendrá una duración de dos años y las rentas oscilarán entre 150 euros y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar.

El convenio establece que cada entidad de crédito constituirá su propio fondo con un número inicial de residencias, aunque podrán ampliarlo. Las viviendas serán ofrecidas a las familias que hayan sido desalojadas de su vivienda por el impago de un préstamo hipotecario de la misma entidad propietaria del fondo.

En concreto, se van a poder beneficiar de esta medida las personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual y cumplan, entre otras condiciones, que el desalojo se haya producido como consecuencia de una demanda de ejecución, por impago de un préstamo hipotecario, iniciada por la misma entidad que constituye el fondo social de viviendas, que el desalojo se haya producido a partir del 1 de enero de 2008 y que se encuentren en un supuesto de especial vulnerabilidad.

Además, en el momento de presentación de la solicitud, el conjunto de los ingresos mensuales de los miembros de su unidad familiar no debe superar el límite de tres veces el IPREM (1.597 euros), así como que ninguno de los miembros de la unidad familiar disponga de vivienda en propiedad.

Las entidades financieras pondrán la información relativa a las viviendas incluidas en su fondo social a disposición de Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, de las Organizaciones No Gubernamentales, de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de este plan, y en general a todos los posibles beneficiarios. Esa información incluye, entre otros datos, las características básicas de las viviendas y los requisitos para acceder al contrato de arrendamiento. También se encontrará disponible en las entidades de crédito y sus respectivas páginas electrónicas. 

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