El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha justificado este miércoles el sobrecoste de 20 millones de euros en el contrato de los nuevos trenes de ancho métrico de Renfe destinados a Cantabria y Asturias. Según ha explicado, el incremento responde a un modificado del contrato vinculado a la actualización de los precios de las materias primas.
Casares se ha pronunciado sobre esta cuestión después de conocerse el informe del Tribunal de Cuentas relativo a la adjudicación de los contratos suscritos en 2020 entre Renfe Viajeros y la empresa CAF para la adquisición de 31 trenes. Se trata de las unidades que generaron polémica al comprobarse que no se ajustaban a las dimensiones necesarias para circular por determinados túneles de la red.
El delegado ha señalado que este tipo de modificaciones “está pasando en todos los contratos públicos” y ha asegurado que no hay nuevas noticias sobre el contrato. En este sentido, ha confiado en que se cumpla lo pactado con la adjudicataria, en una inversión que ya alcanza los 218,7 millones de euros más IVA y que contempla más trenes que los inicialmente previstos.
Llegada de las primeras unidades
Casares ha remarcado que tanto la empresa adjudicataria como el Gobierno central mantienen el compromiso firme de que las primeras unidades lleguen a lo largo de este año para iniciar las pruebas correspondientes antes de su puesta en funcionamiento.
Asimismo, ha defendido el compromiso del Ejecutivo con la gratuidad de la red de Cercanías de Cantabria, una medida que, según ha indicado, está provocando un aumento considerable del número de pasajeros. El delegado ha reiterado que esta gratuidad se mantendrá hasta la llegada de los nuevos trenes.
La renovación del material ferroviario continúa siendo uno de los asuntos de mayor seguimiento en Cantabria y Asturias, después de la controversia generada por el diseño inicial de los trenes. El Gobierno mantiene que el objetivo es cumplir los plazos previstos y avanzar en la mejora del servicio una vez superada la fase de pruebas.
Llamamiento a un acuerdo en vivienda
Durante su intervención, Casares también se ha referido a la situación de la vivienda en Cantabria. Lo ha hecho tras las palabras del obispo de Santander, Arturo Ros, quien pidió a los responsables políticos un gran pacto para afrontar una situación habitacional que calificó como cada vez más insostenible.
El delegado ha compartido ese diagnóstico y ha defendido la necesidad de que las administraciones lleguen a acuerdos y concentren esfuerzos. A su juicio, el obispo recoge un clamor de la sociedad cántabra, ya que la vivienda se ha convertido en un problema grave para miles de familias, jóvenes, mujeres y personas mayores.
Casares ha señalado que el Gobierno de España actuará en esta materia a través del Plan Estatal de Vivienda, acordado con las comunidades autónomas en la última Conferencia Sectorial. Según ha detallado, Cantabria recibirá 133 millones de euros durante los próximos cinco años, lo que supone 98 millones más que en el plan anterior.
El delegado ha reclamado al Gobierno de Cantabria, presidido por María José Sáenz de Buruaga, que se siente a negociar políticas de vivienda y que rectifique su posición sobre la declaración de zonas tensionadas en municipios con fuerte presión turística, como Comillas o Castro Urdiales.
Además, ha asegurado que ha pedido en varias ocasiones por carta a la presidenta cántabra abordar esta cuestión, sin haber recibido respuesta. Casares ha insistido en que la vivienda requiere acuerdos y una acción coordinada entre administraciones para responder a una demanda social cada vez más urgente.
