Los servicios jurídicos de CSIF Cantabria han conseguido su cuarta sentencia favorable en apenas dos semanas frente al Ayuntamiento de Santander. La última resolución reconoce el derecho de un agente de la Policía Local a recuperar los 1.550 euros que adelantó para realizar un curso de adiestrador canino profesional.
El fallo ha sido dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander, que ha estimado íntegramente la demanda presentada en defensa del funcionario, destinado en la Unidad Canina de la Policía Local.
La formación estaba vinculada directamente con las funciones desarrolladas por el agente y resultaba necesaria para el desempeño de su puesto. Según recoge la resolución, el curso había sido propuesto y autorizado por el entonces jefe de la Policía Local, atendiendo a una necesidad concreta del servicio.
El agente adelantó el coste del curso
El funcionario abonó inicialmente el importe de la formación con el compromiso de que el Ayuntamiento le reintegraría posteriormente el dinero. Sin embargo, una vez finalizado el curso, el pago no llegó a materializarse.
La falta de respuesta de la Administración se prolongó durante años y obligó al agente a acudir a los tribunales para reclamar la devolución del importe. El procedimiento judicial concluyó con una resolución favorable al trabajador.
La sentencia considera acreditado que la formación había sido autorizada y que respondía a las necesidades propias de la Unidad Canina. El juzgado concluye, además, que no existía ninguna razón jurídica para denegar el reembolso solicitado por el agente.
Por este motivo, la resolución anula la actuación municipal y condena al Ayuntamiento de Santander a abonar los 1.550 euros correspondientes al curso. La Administración local también deberá asumir las costas procesales derivadas del procedimiento.
Cuatro resoluciones favorables en dos semanas
Para CSIF Cantabria, este nuevo pronunciamiento judicial refleja una forma de gestionar los recursos humanos municipales que genera conflictos que podrían resolverse por la vía administrativa.
El sindicato sostiene que los empleados públicos no deberían verse obligados a acudir a los tribunales para reclamar derechos relacionados con sus condiciones laborales o con gastos asumidos para desarrollar adecuadamente sus funciones.
La organización también advierte del coste que este tipo de procedimientos puede representar para las arcas públicas. A las cantidades inicialmente reclamadas pueden añadirse los intereses y las costas procesales impuestas en las sentencias.
CSIF considera preocupante que sean los juzgados los que tengan que corregir de forma reiterada decisiones administrativas que afectan directamente a la plantilla municipal. A su juicio, una gestión más rigurosa y ajustada a la legalidad permitiría evitar litigios y reducir gastos innecesarios.
Con este último fallo, los servicios jurídicos del sindicato acumulan cuatro sentencias favorables de cuatro procedimientos resueltos frente al Ayuntamiento de Santander durante las últimas dos semanas.
La organización interpreta este balance como una muestra de la solidez de las reclamaciones presentadas y de la necesidad de revisar los procedimientos internos utilizados por la Administración local para responder a las solicitudes de sus trabajadores.
