El Ayuntamiento de Santander ha ordenado el desalojo preventivo del edificio situado en el número 8 de la calle Santa Clara después de que los informes técnicos hayan determinado la necesidad de adoptar medidas para garantizar la seguridad estructural del inmueble. El Consistorio también ha requerido a la empresa propietaria que proceda al apuntalamiento del edificio y ejecute las actuaciones necesarias para evitar riesgos para las personas y los bienes.
El inmueble se encuentra actualmente ocupado por tres viviendas en régimen de alquiler y varios locales comerciales. La decisión municipal se produce después de analizar tanto los informes elaborados por los técnicos del Ayuntamiento como la documentación presentada por la dirección facultativa responsable de las obras que se están realizando en el edificio.
Según ha explicado el concejal de Fomento, Agustín Navarro, la propiedad había adquirido previamente la totalidad del inmueble y posteriormente había iniciado trabajos de reforma interior que incluyeron la eliminación de tabiques. La situación generada tras estas intervenciones ha llevado a considerar que, en estos momentos, no puede garantizarse plenamente la seguridad estructural del edificio.
Ante esta situación, los técnicos consideran necesario mantener el edificio completamente vacío mientras se desarrollan los trabajos de apuntalamiento y estabilización estructural, especialmente durante aquellas intervenciones que afecten a elementos resistentes o impliquen transferencias de cargas.
El Ayuntamiento ha concedido un plazo máximo de 48 horas para hacer efectivo el desalojo de las personas que todavía permanecen en el inmueble.
A partir de ese momento, la empresa propietaria dispondrá de dos semanas para realizar el apuntalamiento completo del edificio e incorporar las medidas adicionales que sean necesarias para asegurar su estabilidad.
La actuación deberá complementarse además con un estudio que permita conocer con mayor precisión el estado de la estructura y determinar cuáles son las actuaciones de refuerzo que deberán ejecutarse posteriormente.
La orden de desalojo responde también a la recomendación de la propia dirección facultativa de las obras, que trasladó la necesidad de que no permanezcan personas ajenas a los trabajos en el interior del edificio mientras se interviene sobre su estructura.
Los servicios técnicos municipales realizarán un seguimiento de las actuaciones durante los próximos días para verificar que la propiedad cumple con los requerimientos establecidos.
El objetivo será comprobar tanto la ejecución del apuntalamiento como la implantación de cualquier otra medida necesaria antes de autorizar nuevamente la utilización de las viviendas y los locales afectados. Los residentes no podrán regresar hasta que existan garantías suficientes sobre la seguridad del inmueble.
Desde el Ayuntamiento se ha señalado que la prioridad es reducir en la medida de lo posible el tiempo durante el cual los afectados deberán permanecer fuera de sus viviendas, pero manteniendo como criterio principal la seguridad.
El Consistorio también pondrá a disposición tanto de la propiedad como de los inquilinos afectados los servicios sociales municipales, que podrán prestar apoyo y atención durante el periodo en el que tengan que permanecer fuera del edificio.
