El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha ordenado al Ayuntamiento de Torrelavega destinar 554.500 euros al Servicio contra Incendios y Salvamento (SCIS) tras constatar que estos fondos, procedentes de aportaciones vinculadas al sector asegurador, no fueron invertidos entre los años 2020 y 2023 como correspondía.
La sentencia revoca una resolución anterior del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santander y estima el recurso presentado por los trabajadores del servicio, obligando al Consistorio a ejecutar dichas inversiones en la actualidad.
La inversión deberá realizarse con cargo a recursos actuales
El fallo judicial establece que el Ayuntamiento deberá aplicar la cuantía pendiente en “inversiones reales” destinadas al parque de bomberos, aunque aclara que no será necesario modificar presupuestos de ejercicios anteriores. En su lugar, el Consistorio deberá habilitar los recursos necesarios en el marco presupuestario actual.
La resolución no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. No obstante, mientras tanto, obliga a la administración municipal a ejecutar la inversión pendiente en un servicio considerado esencial para la seguridad ciudadana.
Además, el tribunal ha impuesto al Ayuntamiento el pago de las costas procesales, con un límite fijado en 1.000 euros.
Los fondos procedían de aportaciones del sector asegurador
Según recoge la sentencia, la cantidad debía haberse destinado al refuerzo del servicio municipal de bomberos a través de aportaciones canalizadas por UNESPA, la asociación empresarial del sector asegurador. Estas partidas tienen como finalidad mejorar los recursos técnicos y operativos de los servicios de emergencias locales.
Sin embargo, la falta de ejecución de estas inversiones ha sido uno de los argumentos centrales del recurso presentado por los trabajadores.
CCOO denuncia carencias estructurales en el servicio
Tras conocerse el fallo judicial, el sindicato CCOO ha criticado la gestión municipal en materia de seguridad y emergencias, señalando que la ausencia de inversión ha provocado deficiencias estructurales en el servicio de bomberos.
Entre las principales carencias detectadas, el sindicato destaca la falta de estudios técnicos sobre sectorización urbana, ausencia de protocolos operativos actualizados, insuficiente formación para la plantilla y problemas en el parque móvil, con vehículos envejecidos y mantenimiento limitado.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha solicitado la dimisión del concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Pérez Noriega, al considerar que existen responsabilidades políticas derivadas de la gestión de estos recursos públicos.
El sindicato también ha advertido de que la falta de inversión sostenida en servicios esenciales puede afectar directamente a la capacidad de respuesta ante emergencias, recordando la importancia de mantener infraestructuras y equipos actualizados para garantizar la seguridad de la población.
La sentencia del TSJC abre ahora una nueva etapa en la planificación de inversiones del servicio de bomberos de Torrelavega, que deberá reforzar su dotación tras varios años de retraso en la ejecución de recursos ya asignados.
