Aunque la ley obligaba a los edificios de viviendas en España a ser accesibles a personas con discapacidad y mayores de 70 años antes del 4 de diciembre del año pasado, lo cierto es que el 63% de los edificios no son accesibles de la calle al portal, según el reciente estudio “La Accesibilidad de las Viviendas en España” realizado por el Observatorio de accesibilidad de Fundación Mutua de Propietarios.

La existencia de un parque de viviendas envejecido y la crisis que afectó a la solvencia económica de las comunidades de propietarios hacen que sea uno de los motivos para la ralentización de la eliminación de barreras arquitectónicas. De hecho, la mayoría de los programas de ayudas a la accesibilidad van dirigidos especialmente a las viviendas con más de 35 años de antigüedad.

Aunque el 40% de los encuestados cree que deberían hacerse mejoras de accesibilidad en su edificio, muchas personas no son conscientes de que esas mejoras empiezan, por ejemplo, en la altura de los buzones para ser utilizados desde una silla de ruedas o en solventar las dificultades de la puerta de acceso que no se aguanta sola o que se cierra demasiado rápido.

Otro de los problemas es el desconocimiento de la norma. Según el mismo estudio, el 70% de los encuestados desconoce la ley (art.10.1 LPH) que permite, hasta un determinado importe, a los propietarios mayores de 70 años o con discapacidad, forzar adaptaciones de accesibilidad universal sin la necesidad del consentimiento de la comunidad de propietarios.

Las organizaciones sin ánimo de lucro también desarrollan programas de accesibilidad donde facilitan ayudas para subvencionar el coste de las obras que permitan, por ejemplo, instalar ascensores o eliminar desniveles en el acceso de la calle a los vestíbulos de los edificios.

En Madrid, desde el Área de Desarrollo Urbano Sostenible, se ha puesto en marcha el Plan MAD-RE (Madrid Recupera), que tiene como objetivo la regeneración de la ciudad impulsando ayudas en convocatorias anuales para subvencionar obras de accesibilidad, eficiencia energética, conservación y eliminación de amianto en cubiertas.

Estas ayudas se otorgan a fondo perdido del 60% con el IVA incluido y gastos generales destinado a viviendas situadas en Áreas Preferentes de Impulso a la Regeneración Urbana, APIRU, que agrupan 590.747 viviendas construidas antes de 1980, con tipología de bloque abierto que tienen importantes deficiencias energéticas y de accesibilidad.

En Cantabria existe un programa de conservación y rehabilitación del parque de viviendas dependiente del Plan de rehabilitación edificatoria, la regeneración y renovación urbanas. Va destinado a beneficiarios las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios o los propietarios únicos de edificios.

Se otorgan hasta 4.000 euros por vivienda para promociones finalizadas con anterioridad al año 1981, que al menos el 70% de la superficie construida sobre rasante tenga uso residencial de vivienda y que además las viviendas constituyan el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios.