La Federación Cántabra del Taxi ha decidido acudir a los tribunales contra la Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones de Santander al considerar que la normativa equipara de forma injustificada al taxi con los vehículos de transporte con conductor, conocidos como VTC. La demanda ha sido presentada ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, después de que el Ayuntamiento rechazara las alegaciones planteadas por el sector durante el periodo de información pública.
El conflicto se centra en el tratamiento que la ordenanza otorga a los taxis y a los VTC dentro de la nueva regulación ambiental. Según la Federación, el autotaxi no puede recibir la misma consideración que una actividad comercial privada, ya que se trata de un servicio de interés público, sometido a tarifas reguladas, obligaciones específicas de prestación y control municipal. A su juicio, la norma ignora esas diferencias y establece una equiparación que carece de base legal.
El sector critica una equiparación con los VTC
La Federación sostiene que los taxis cuentan con una licencia municipal de transporte y mantienen un vínculo administrativo directo con el Ayuntamiento, algo que, según defienden, no ocurre con los VTC. Además, recuerdan que el taxi tiene limitaciones y obligaciones de servicio que no se aplican de la misma manera a estos vehículos privados. Por este motivo, el sector había solicitado que los VTC quedaran excluidos de determinadas exenciones contempladas en la ZBE.
El Ayuntamiento de Santander rechazó esa petición al entender que no existía una justificación ambiental ni técnica para dejar fuera a los VTC de la exención. También consideró que la propuesta de los taxistas podía resultar discriminatoria. Sin embargo, la Federación defiende precisamente lo contrario y asegura que la verdadera discriminación se produce al situar en el mismo plano a un servicio público regulado y a una actividad privada de transporte discrecional.
Otro de los puntos que critica el sector es la obligación de solicitar una autorización previa al primer acceso y presentar documentación específica por cada vehículo. Los taxistas consideran que esta carga burocrática resulta innecesaria, ya que sus vehículos ya están licenciados, controlados y fiscalizados por el propio Ayuntamiento.
La Federación cuestiona el objetivo ambiental de la medida
La demanda también pone el foco en el supuesto impacto de la medida sobre los objetivos ambientales de la Zona de Bajas Emisiones. La Federación advierte de que las autorizaciones VTC dependen de otras administraciones y que existe un volumen indeterminado de solicitudes pendientes. Por ello, considera que permitir una exención generalizada a estos vehículos podría abrir la puerta a una flota difícil de controlar desde el ámbito municipal.
A juicio del sector, esta situación contradice el objetivo de reducir el tráfico y mejorar la calidad ambiental en el centro urbano. La organización entiende que la ordenanza, tal y como está planteada, puede permitir el acceso a un número potencialmente elevado de vehículos VTC, mientras impone nuevas obligaciones administrativas a los taxis.
La Federación también acusa a la alcaldesa, Gema Igual, de incumplir los compromisos adquiridos con el sector durante la campaña electoral, en la que, según recuerdan, se comprometió a avanzar en la regulación de los VTC. Los taxistas consideran que esta ordenanza se suma a otros precedentes, como la regulación de la OLA, en los que, según denuncian, ya se habría producido una equiparación entre ambos modelos de transporte.
Con esta demanda, el conflicto entre el sector del taxi y el Ayuntamiento de Santander entra ahora en vía judicial. Será el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria quien deberá analizar si la ordenanza se ajusta a derecho y si la regulación de la ZBE trata de forma adecuada las diferencias entre taxis y VTC.
