El futuro del Palacio de Cortiguera, uno de los edificios históricos más singulares del centro de Santander, continúa bloqueado pese a la existencia de una oferta formal de compra presentada hace ya un año. La familia Palmero-Güezmes ha puesto sobre la mesa 759.133 euros, el mismo importe fijado como precio de salida en la última subasta pública impulsada por el Ministerio del Interior, sin haber recibido respuesta hasta la fecha.
El inmueble, situado en la calle López Dóriga y protegido con el máximo nivel patrimonial en el Plan General de Ordenación Urbana, permanece cerrado y en estado de deterioro desde hace aproximadamente tres décadas. La operación de venta quedó desierta en dos ocasiones consecutivas antes de que esta familia decidiera presentar su propuesta fuera del plazo de la última subasta.
Según explican sus promotores, el proyecto contempla la restauración integral del palacete para destinarlo a residencia privada, aunque con la intención de abrirlo parcialmente al público mediante visitas organizadas que permitan conocer su valor histórico y arquitectónico.
Un edificio protegido con fuerte valor histórico en pleno centro de Santander
Construido en 1888 como residencia de la familia Cortiguera y utilizado posteriormente como sede de la Cámara de la Propiedad Urbana, el edificio cuenta con una superficie construida de 611 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas. Su nivel de protección urbanística permite únicamente actuaciones de restauración, conservación o reconstrucción de elementos originales desaparecidos.
Antes de presentar su oferta, la familia solicitó un informe técnico para conocer las limitaciones de intervención en el inmueble. El documento confirmaba la imposibilidad de desarrollar usos comerciales en el palacio, una condición que, según explican, no afectó a su interés por el proyecto.
Actualmente, el estado del edificio contrasta con su valor patrimonial. Presenta daños estructurales visibles, grafitis en fachadas, carpinterías deterioradas y acumulación de residuos en el exterior, pese a su ubicación estratégica a pocos metros de la plaza de Cañadío.
El proyecto municipal de museo mantiene bloqueada la operación
El silencio administrativo tras la oferta presentada podría estar relacionado con el interés histórico del Ayuntamiento de Santander en destinar el inmueble a un museo de la ciudad y a futura sede de la Fundación Santander Creativa. Sin embargo, el consistorio no ha participado en las subastas convocadas por el Ministerio del Interior.
La titularidad del edificio corresponde al Estado desde 1999, cuando fue adscrito al Ministerio con el objetivo inicial de ampliar dependencias policiales próximas. Desde entonces, las negociaciones entre administraciones han atravesado diferentes etapas sin llegar a concretar una solución definitiva.
El Ayuntamiento ha defendido en varias ocasiones que el inmueble debería haberse cedido gratuitamente al consistorio, mientras que el Estado mantiene la posibilidad de venta por un importe cercano a los 800.000 euros, conforme a su valoración técnica.
Mientras tanto, la oferta presentada por la familia interesada continúa sin respuesta oficial y el palacio permanece cerrado, a la espera de una decisión que determine su futuro tras más de treinta años de abandono.
